La Fiscalía Anticorrupción de Arequipa por fin comenzó a sustentar la acusación penal en contra de un grupo de exfuncionarios de la exgobernadora Yamila Osorio involucrados en una mafia de cobro cupos a transportistas.
El caso conocido como Los Correcaminos del Sur ingresó a la etapa intermedia del proceso denominado control de acusación. El juez José Málaga Pérez, del 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, tiene en sus manos la decisión de llevar o no a juicio a los involucrados, en base a las pruebas acumuladas hasta ahora por la fiscalía.
La fiscal Marita Cueva presentó acusación contra 19 personas, entre ellos Juan Bermejo Velásquez, exasesor de la entonces gobernadora Yamila Osorio Delgado. También están comprendidos el exgerente de Transporte, José Gamarra; el ex subgerente de Transportes, Christian Mota; y el exjefe de inspectores, Guillermo García Velásquez.
Todos los imputados salieron en libertad después de cumplir los 4 años de prisión preventiva que les impuso el Poder Judicial durante las investigaciones. Hasta entonces el Ministerio Público no había presentado ninguna acusación. El juez José Málaga a finales de 2022 emplazó a la fiscal a presentar el requerimiento acusatorio.
En este documento, la fiscalía sostiene que Los Correcaminos del Sur son una presunta organización criminal que cobraba cupos de 200 a 500 soles a los transportistas de minivans para permitirles brindar el servicio de transporte interprovincial.
Asimismo, organizaban operativos en las carreteras para también cobrar cupos a los transportistas que no estaban en regla. Para controlar este negocio, la mafia otorgaba stikers a los conductores para que puedan evitar ser intervenidos. La supuesta organización operó durante la gestión de Yamila Osorio, 2015-2018.
La Fiscalía atribuye a los imputados los delitos de organización criminal y concusión. Para los presuntos cabecillas de Los Correcaminos del Sur, el exasesor Juan Bermejo y el exgerente de Transportes, José Gamarra, el Ministerio Público solicitó 19 y 21 años de prisión efectiva, respectivamente. Mientras que para los demás involucrados la pena va de los 5 a 12 años de cárcel.