Distrito Fiscal de Apurímac con nuevo presidente: ¿y cómo estamos en la lucha contra la corrupción en la región?
Apurímac 26/12/2024.- Hace unos días a través de las redes sociales se tomó conocimiento de la elección del abogado, Jorge Fernández Mavila, como el nuevo presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac para el periodo 2025-2026 en reemplazo de Wilber Aguilar Vega.Fernández Mavila, es abogado, con estudios de Doctorado y maestrías en Ciencias Penales, así como en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en su alma mater la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor San Marcos .Actualmente se desempeña como fiscal superior penal de la Primera Fiscalía Superior Penal de Andahuaylas-Chincheros, cargo que ejerce desde julio del 2017.Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito público, habiendo desempeñado los siguientes cargos de jefe de la Oficina de Registros Públicos de Ayacucho y jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, en el distrito judicial de Ayacucho ejerció los cargos de juez de paz Letrado de Huamanga y juez especializado en lo penal de la provincia de La Mar; igualmente durante dos décadas prestó servicios en la Defensoría del Pueblo, desempeñándose como jefe regional de las oficinas defensoriales de Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ayacucho.¿SERÁ MÁS DE LO MISMO?Tras la salida de Wilber Aguilar Vega se cierra un ciclo de silencio y secretismo institucional respecto a la lucha contra la corrupción enquistada en todos los niveles de nuestra sociedad, por lo que se espera que el nuevo representante informe a los medios de comunicación sobre el avance de las investigaciones en los casos de corrupción emblemáticos que involucran a funcionarios y autoridades de la región.Se espera también, que informe sobre el accionar de los fiscales y el rol que estos cumplen en la persecusión del delito, toda vez que un buen número de estos funcionarios se encuentran implicados en investigaciones internas que son ocultadas en las instancias respectivas por tener vínculos con personas implicadas en diversos delitos cometidos contra la administración pública, direccionando las investigaciones o mandándolas al archivo por «falta de pruebas». (P.P.D)