Irregular construcción del penal en Socabaya

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Irregular construcción del penal en Socabaya

Contraloría encuentra errores en la elaboración del expediente técnico de la obra

Mediante Informe n.° 050-2024-OCI, la Contraloría General encontró errores en el tercer entregable de la empresa Consorcio Consultores Lima a cargo de hacer el expediente de saldo de obra para la culminación del proyecto “Ampliación de la capacidad de albergue del complejo penitenciario de Arequipa en Socabaya”. Pese a las falencias el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aprobó y pagó el trabajo realizado.

Como se sabe, la ampliación del penal de Socabaya tenía que terminar en marzo  del 2021, pero a la fecha la obra está paralizada y sin fecha de reinicio. En febrero del 2024, la entonces representante del INPE en Arequipa, Yeni Ramos, señaló que había 2248 hombres y 188 mujeres, cuando su capacidad solo es para 667 varones y 67 damas. Ante ello, este proyecto ampliaría 1620 unidades de albergue en más de 184 mil metros cuadrados.

“Se incumplió el denominado planteamiento integral a nivel de propuesta, verificándose que no se incluyeron los planos de obras provisionales, tampoco los planos de montaje y desmontaje, demoliciones y demás intervenciones a realizar, así como el análisis de asoleamiento a nivel preliminar, esto incumple los términos de referencia”, se lee.

CRISIS. Estos nuevos errores y la lenta intervención ya fueron advertidos meses atrás por los mismos trabajadores sindicalistas del INPE. La idea de un penal con la suficiente capacidad de internamiento lleva más de 13 años sin cumplirse, ya que en el 2011 se dio la viabilidad de la obra por más de S/64.9 millones, ahora supera los S/229 millones.

Estos errores deberán ser subsanados y levantados por el presidente de la institución, Federico Llaque Moya, quien tendrá 5 días hábiles para solucionarlo.
Cabe indicar que la obra aún le queda un saldo por ejecutar de S/78 millones, pero debido a la paralización de los trabajos, diversos materiales de construcción caducaron, según detalló Contraloría en su informe de abril del 2024, el costo de los mismos asciende a S/5.3 millones.

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