Otárola y la “cuota de sangre” demandada desde el Congreso
(Viernes 23/12/2022).- Un íntegro jefe de Estado o un parlamento con sentido de responsabilidad política frente a una grave crisis democrática ¿Podría nombrar en calidad de ministro de Defensa a un funcionario público cuestionado por “incapacidad, falta de liderazgo y estrategia” tras haber estado a cargo de una fallida y negligente operación militar? Pues sí, Dina Boluarte, la primera mujer presidente en la historia del Perú, lo hizo y con absoluto respaldo de la ultraderecha peruana atrincherada con mayoría hoy en el Congreso.Boluarte, promovida el último 7 de diciembre de vicepresidenta al sillón presidencial por sucesión constitucional luego de producida la vacancia del exmandatario Pedro Castillo, colocó nada menos que a Alberto Otárola Peñaranda en la cartera de Defensa, personaje que en el 2012, renunció al mismo cargo tras ser censurado en el Congreso de la República por abandonar y dejar morir a su suerte -en pleno campo de batalla- al personal militar y policial que participó por entonces de una operación militar denominada “Libertad” con el objeto de rescatar a un grupo de trabajadores secuestrados a manos de columnas narcoterroristas en el VRAEM(1). Tal antecedente, como vemos a la actualidad no fue impedimento para su designación. Al contrario, tuvo que ser un precedente decisivo e instrumental para dicho nombramiento.El ministro del terrorA la luz de las 26 muertes de peruanos que a tan solo 13 días de la asunción de Boluarte, ha cobrado la represión política desatada en Perú, Otárola, claro está, no ha sido cualquier ministro de Defensa.Otárola, es el encargado político de la represión militar mandada a efectuar por orden de la jefa suprema de las Fuerzas Armadas Dina Boluarte, quién tras decretar desde el pasado miércoles 14 de diciembre el estado de emergencia nacional -bajo el argumento del restablecer de la “paz”, el “diálogo” y la “defensa de la democracia”- dispuso el empleo de armas de guerra contra de la población levantada en rechazo a su gobierno. El miedo extremo frente a la pérdida del poder político ha conducido a muchos países a la instalación de regímenes de terror como se puede constatar a través de la historia. Y, el caso peruano no es excepción.Frente a este contexto, la misión encomendada al ministro Otarola, se muestra con mayor claridad. Es el responsable de dirigir una misión militar para la conquista de un objetivo político. El encargado de liquidar al “enemigo interior” para asegurar la permanencia de la mandataria en Palacio de Gobierno y la de los parlamentarios en el Congreso. Tomar el control absoluto de los poderes del Estado y con apoyo del alto mando de las FFAA obstaculizar las reformas constitucionales y políticas requeridas antes de cualquier adelanto de elecciones generales(2).Mientras, las manifestaciones ciudadanas organizadas a nivel nacional que, han movilizado masivamente los ciudadanos procedentes de las zonas rurales andinas y amazónicas -históricamente las más excluidas del país- no cesan de reclamar su hartazgo frente a la corrupción política, la falta de representación democrática y demandar justicia por las muertes producidas por el Estado desde que Boluarte decidiera militarizar su gobierno. No en vano, la ciudadanía lleva más de 10 días en las calles exigiendo su inmediata renuncia, el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.Otárola, es entonces la pieza clave en el desarrollo de esta sangrienta coyuntura y el responsable del incremento futuro de la violencia de Estado. A estas alturas, la ideología de la ultraderecha promovida desde el Congreso y respaldada por la jefa de Estado, ha vuelto a oficializar como discurso político gubernamental la trivialización y justificación de las muertes producidas con las armas del Estado, azuzando abiertamente al genocidio. Del clima golpista el país ha pasado al clima de guerra.La muerte indiscriminada de los 26 peruanos con las armas de la Patria, demuestra el éxito de la designación de Otárola en el puesto. En tan solo 5 días de la declaratoria de emergencia, el antes censurado ministro por “incapacidad, falta de liderazgo y estrategia” en la conducción de operaciones militares multiplicó eficientemente el número de muertos y heridos a manos de militares. Antes de la intervención de las fuerzas armadas, la represión policial había sumado en cuatro días, es decir -desde que comenzaron las movilizaciones nacionales el 11 al 14 de diciembre- la muerte 7 peruanos.Otárola, tan solo el primer día de la declaratoria de emergencia, produjo bajo su gestión la muerte de 7 peruanos. Una jornada que pasará a la historia como el 15 de diciembre más sangriento de esta crisis. Cifras que si la violencia de Estado no se cesa podría ir en aumento.La “cuota de sangre”No cabe duda de que las muertes provocadas como “cuota de sangre”, para lograr la vacancia definitiva del exmandatario Pedro Castillo, requeridas por el almirante Jorge Montoya -principal vocero de la ultraderecha del Congreso y azuzador de esta consigna- debieron recaer en alguien que fuera capaz de bañar sus manos de sangre.Otárola, fue presentado públicamente como el flamante ministro de defensa junto al nuevo gabinete el pasado 11 de diciembre, sin haber despertado -por sus escandalosos antecedentes de traición a los miembros de las FFAA y la PNP- la más mínima crítica sobre su designación, ni por parte del Congreso, ni la prensa, ni la opinión pública, y lo que es peor ni siquiera de los almirantes y generales retirados que fungen hoy como congresistas. La amnesia deliberada por parte de la representación nacional no solo revela la complicidad en su designación sino también la absoluta indolencia que históricamente las élites políticas han demostrado frente a las violaciones de los derechos humanos de policías y militares incluso al interior del mismo Estado.La historia peruana muestra que, ante los ojos de la clase política peruana, los miembros de las fuerzas del orden han sido vistos muchas veces simplemente como instrumentos vivos a ser empleados bien como carne de cañón o mercenarios prestos para ser usados según la necesidad de sus más viles intereses. De estos vicios y negligentes prácticas pueden dar cuenta las familias de los entonces suboficiales de la PNP Luis Astuquillca y César Vilca abandonados en el 2012 por el ministro Otárola en la zona más peligrosa del país el VRAEM. Luego de la llamada “Operación Libertad”, Astuquillca sobrevivió por sus propias fuerzas tras días de estar desaparecido y en el caso de César Vilca su cuerpo muerto solo pudo ser recuperado a cuenta y riesgo de su padre cuando vergonzosamente el mismísimo Otárola siendo ministro de Defensa declinó en su búsqueda traicionando la consigna sagrada de un ejército en operaciones: “jamás se debe abandonar a un compañero de combate”.Incapacidad, negligencia y traición hacia los miembros de las fuerzas del orden fueron de seguro los méritos que valieron en el nombramiento de Otárola como ministro de Defensa, cualidades más que suficientes para implantar intencionalmente el terror en las calles.La militarización de la represión como respuesta a las demandas ciudadanasEn una sociedad racista y colonialista como la peruana donde no todos los peruanos son reconocidos como ciudadanos con posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. El trato es distinto de acuerdo al color de la piel, y a consecuencia de la desigualdad económica no existen garantías para la universalización de derechos básicos como la educación, salud y empleo. El derecho al sufragio resulta imaginado por gran parte de la población como la única facultad que coloca a todos los peruanos en igualdad ante la ley. El ejercicio del sufragio en elecciones generales y el respeto a los resultados electorales no debiera reducirse así a una mera elección de autoridades políticas. Para las grandes mayorías hoy movilizadas, en especial las poblaciones históricamente excluidas, representa un acto simbólico de reconocimiento, participación y representación en la vida democrática de país.Por ello, las últimas elecciones presidenciales que se disputaron entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, la posterior tesis del fraude electoral gestado desde el Congreso para desconocer la elección de Castillo, el obstruccionismo parlamentario contra su gobierno, la incompetencia de este exmandatario, el autogolpe y su posterior vacancia por parte del Congreso, así como los casos de corrupción que envolvieron a ambos poderes del Estado no han hecho más que agudizar la desconfianza ciudadana, la polarización política y la desigualdad entre peruanos. La polarización que hoy vive el país ya no está centrada en la confrontación entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Actualmente se distinguen al menos dos facciones, los que pretender controlar la «democracia” de espaldas a la voluntad de la ciudadanía, frente a la mayor parte de la población peruana que no desea aceptar a una clase política y un gobierno que hoy afirman no los representa. Las encuestas lo confirman. Actualmente más de 83% de la población pide elecciones generales e incluso antes de la vacancia del exmandatario Pedro Castillo, el Congreso tenía nada menos que 86% de desaprobación popular(3).La ciudadanía peruana tal como se observa ha entrado en el hartazgo y no es para menos. Las disputas políticas entre el Ejecutivo y el Congreso han llevado al país a tener 6 presidentes en 6 años. El continuo clima del golpe de Estado desde entonces ya sea por parte del Ejecutivo o el Congreso ha decantado en la instalación de la ideología de la ultraderecha defendida por en el gobierno a fin de hacer de la democracia su “botín de guerra”. Mientras que del otro lado, más de tres cuartas partes de la población peruana demandan que se “vayan todos” y se convoquen urgentemente a nuevas elecciones generales.Por consiguiente, en lugar de que los funcionarios públicos del sistema de seguridad y defensa empleen la inteligencia para distinguir a los grupos vandálicos entre la población que hace uso legítimo de su derecho a la protesta, deben prestar atención a la complejidad del proceso de crisis democrática que vive el país y contribuir a la comprensión las especificidades de las protestas como se efectúa en el ámbito profesional de defensa. El actual ministro de Otárola acompañado de los altos mandos de las fuerzas armadas y la policía nacional, con su lógica de resolver un problema político con la fuerza militar ha procedido a simplificar el estallido de manifestaciones ciudadanas reduciéndolas a sucesos “vandálicos” y hasta de “terroristas” sin mayores pruebas, a fin de justificar la muertes en nombre de la lucha contra la “criminalidad”. En democracia, un ciudadano que ejerce su derecho a la protesta no es un criminal, ni merece la muerte. Y, sí lo es, no está bajo a un sistema democrático sino a un sistema dictatorial.La brutalización de la políticaEl empleo de los militares en la intervención de conflictos políticos por parte del poder civil no es nuevo en el Perú. La presente crisis por tanto no ha hecho sino más que retroceder al país a las décadas de los 80 y 90, a los tiempos donde la sociedad peruana tuvo que soportar todos los terrorismos los de Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, los del Comando Rodrigo Franco, los del Grupo Colina y todos los ocurridos durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.Innumerables crímenes que en dos décadas provocaron la muerte de aproximadamente 69 mil peruanos, entre ellos más de 3000 efectivos de la policía y las fuerzas armadas, más 20 mil desaparecidos cuyos cuerpos aún se buscan. Y, una generación de licenciados excombatientes que hasta la actualidad sufren las secuelas físicas y sicológicas en absoluto abandono por parte del Estado.No cabe duda de que, de la brutalización de la “guerra contraterrorista” como ideología y cultura bélica que provocó el fratricidio y si soportó en la trivialización de la muerte, la desaparición, la tortura del “enemigo interior”, hemos pasado a la brutalización de la política.Construir al “enemigo”, promover su muerte en masa, trivializarla, justificarla al punto de sistematizar su eliminación constituyen características de una sociedad brutalizada por la guerra. La brutalización -como categoría de análisis desde la historia militar y la antropología de la guerra, define a un conjunto de prácticas e imaginarios bélicos y postbélicos que llevan a una determinada sociedad a imaginar un estado permanente de guerra. Las sociedades brutalizadas producen muertes masivas donde el “enemigo” no existe en tanto pensamiento lógico, pues, al contrario, no debe serlo, porque la eliminación de seres humanos bajo este marco interpretativo se fundamenta más bien en el terreno de lo subjetivo, de lo emocional, principalmente a través del odio y el miedo. Las muertes en masa que se produjeron en el pasado ocurrieron en el contexto de guerras bajo sistemas políticos autoritarios y genocidas que intencionalmente buscaron destruir la empatía de la sociedad respecto a la vida de los “otros” implementando para ello recursos culturales que apuntaron anular los sentimientos de culpa, así como un discurso moral que justificara las ejecuciones. De la brutalización explica ampliamente George Mosse en su libro Soldados Caídos para explicar justamente los orígenes del genocidio Nazi(4).Con la militarización de la política y la politización de los militares impulsado desde el inicio de la “guerra de poderes” entre el Ejecutivo y el Congreso en el 2016, se abierto paso a un nuevo ciclo de violencia sistemática en el Perú y el fin de un ciclo democrático que se restauró hacia el año 2000 justamente con la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. No puede existir democracia si se sostiene a punta de balas y viola los derechos humanos de sus ciudadanos, ello es dictadura.Si bien las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes por mandato constitucional, es decir no tienen la facultad de opinar e intervenir en asuntos políticos, ello no exime a sus miembros de ideologías, posturas y hasta de simpatías políticas, son ciudadanos y no han perdido el derecho al voto. Por ello mismo, es deber imperativo del poder civil resguardar estrictamente las funciones constitucionales de las fuerzas armadas, empleándolas de manera responsable tal como lo dictan los principios democráticos.El actual gobierno sin embargo y de manera nefasta ha cruzado en la práctica la frontera límite del empleo de las fuerzas armadas, azuzando intencionalmente a su politización, hecho que en una verdadera democracia no solo es gravísimo sino altamente peligroso.Finalmente, a la luz de los hechos qué duda cabe, Otárola es la mano dispuesta al servicio de la represión y es quién viene pervirtiendo el rol de las fuerzas armadas sin medir las consecuencias. Con la masacre ocurrida los últimos días, Otárola ha generado un daño irreparable a la institucionalidad de las fuerzas del orden y resquebrajado el respeto de la población peruana que tanto le costó recuperar en las dos últimas décadas. Es de esperar también, que una vez que retorne la democracia al país, Otárola fiel a sus principios junto a los altos mandos de las fuerzas orden se eximan de la responsabilidad por las muertes provocadas y sea más bien quién entregue a la justicia los apellidos y nombres de los subordinados que salieron a las calles a matar en cumplimiento de sus órdenes. Y, así, como es su costumbre abandonarlos a su suerte, de la misma manera que ocurrió con cientos de miles de combatientes de la “guerra contraterrorista”, muchos de los cuales están en prisión o están inmersos en largo procesos judiciales. Un círculo de traición y muerte, es el único legado que Otárola como ministro de defensa le hereda al país, y quién por si fuera poco al cierre del presente artículo acaba de ser ascendido nada menos que a jefe del gabinete de ministros.Fuente: SER
