Zoraida Ávalos: Congreso inhabilita a la exfiscal de la Nación por 5 años

(Jueves 22/06/2023).- Indignación nacional. El 21 de junio, el Pleno del Congreso aprobó el informe final contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el cual recomienda acusarla constitucionalmente por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por las investigaciones contra el vacado expresidente Pedro Castillo. Con un total de 71 votos a favor, 15 en contra y 8 en abstención el documento obtuvo luz verde.Asimismo, el informe final contra la extitular del Ministerio Público también plantea inhabilitarla por un total de cinco años de la función pública. A ella se le cuestiona por haber suspendido, en enero del 2022, las investigaciones relacionadas al expresidente como Puente Tarata, Petroperú y ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas.A Zoraida Ávalos Rivera también se le acusa también de una supuesta infracción del artículo 159 (inciso 4) de la carta magna, el cual menciona que es atribución del Ministerio Público «conducir desde su inicio la investigación del delito».Recientemente, en una entrevista con RPP Noticias, la exfiscal de la Nación comentó que envió un ayuda memorias a los miembros de la representación nacional «porque hay muchos congresistas que ni siquiera «saben por qué la están llevando a una acusación constitucional».MOVIDAS EN EL CONGRESOLa fiscal suprema y ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos denunció que coordinadores parlamentarios y asesores de la actual titular del Ministerio Público están coordinado con congresistas archivar sus casos a cambio de su destitución.Ávalos indica que ha denunciado estos hechos en las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos que se realizaron a fines de mayo y en junio. Sin embargo, cuando solicitó las actas de las transcripciones de las sesiones de los fiscales supremos, encontró que esa parte no aparece.Las actas no consignan su denuncia ni la intervención de otros fiscales supremos que parecieron reconocer, por las descripciones físicas, quiénes serían los que negocian los votos para la destitución.“En la Junta de Fiscales Supremos, del 1 de junio, planteé que funcionarios, llámense coordinadores parlamentarios o asesores de la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, están realizando gestiones con parlamentarios y les ofrecen archivar sus casos a cambio de votar por mi destitución”, indicó Avalos.Anota que el fiscal supremo pareció reconocer a uno de los participantes en esos ofrecimientos, un individuo descrito como una persona robusta.ACTAS MUTILADAS Sin embargo, al revisar las actas de dicha junta, se dio con la sorpresa de que no se había transcrito esa parte de la denuncia y discusiones entre los fiscales supremos. Ante esa situación, procedió a solicitar los audios de las sesiones, pero se han negado a entregárselos.La fiscal suprema niega que ella pueda hacer una oferta similar, pues la mayoría de los casos que involucran a congresistas están en el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.Precisamente, el 15 de junio último se conoció que Benavides, en su condición de fiscal de la Nación, archivó una denuncia contra más de 30 congresistas señalados por pertenecer a la facción ‘Los Niños’, que habrían apoyado al expresidente Pedro Castillo a cambio de contratos con el Estado.Si bien esa decisión no es la carpeta principal, sus considerandos —la presunta falta de una declaración concreta que revele los nombres de los congresistas que integrarían ese grupo— permitirían que se tome la misma decisión con los demás investigados.En la resolución de archivo se indica que un informe del Equipo Especial de Fiscales contra el Poder de la Corrupción señala que no tienen un colaborador eficaz que identifique a los integrantes del grupo ‘Los Niños’.VENGANZA POR CORRUPCIÓN El Pleno del Congreso debatirá, este miércoles 21 de junio, una denuncia constitucional y la inhabilitación de Zoraida Ávalos por presuntamente no investigar al expresidente Pedro Castillo en la época en que se desempeñó como fiscal de la Nación.Esto pese a que Ávalos fue la primera fiscal de la Nación que consideró que sí era posible investigar a un presidente en ejercicio de sus funciones, lo que anteriores ocupantes de ese cargo habían rechazado.Inmediatamente de que se conocieran las denuncias sobre las reuniones en la casa de Sarratea y los contratos de Puente Tarata, Petroperú y los negociados en los “ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas”, Ávalos dispuso el inicio de las investigaciones respectivas.Lo único que Ávalos no hizo fue tomar medidas limitativas de derechos, como la prisión preventiva contra Castillo, pero sí, por ejemplo, lo citó a declarar, lo que provocó que entrara en contradicciones.Las indagaciones que realizó el despacho de Ávalos son la parte medular la denuncia que Patricia Benavides presentó contra Castillo ante el Congreso. Por ese lado, no hubo retardo o negativa a investigar.Sin embargo, se insiste con destituirla, de acuerdo con diversas fuentes judiciales y fiscales, justo en represalias por las indagaciones que ella realizó en el despacho de la Fiscalía de la Nación y que respaldó en otras instancias.Detrás de la destitución están los investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y las 34 denuncias constitucionales por diversos actos de corrupción que Ávalos presentó al Congreso y que este viene archivando.Incluso se le cuestiona, dentro de la indagación, por respaldar la investigación a la hermana de la fiscal de la Nación, la jueza Enma Benavides, por supuestos pagos de procesados por narcotráfico. Otro caso que va camino al archivo.La fiscal suprema Zoraida Ávalos reiteró una carta a la fiscal de la Nación en la que le pide que la Junta de Fiscales Supremos se pronuncie por las consecuencias que tendrá para la institucionalidad democrática y la independencia y autonomía del Ministerio Público que el Congreso sancione a un fiscal por una decisión jurisdiccional.La Junta acordó por mayoría emitir un pronunciamiento de respaldo, pero el documento nunca se aprobó ni fue publicado hasta hoy. Por este motivo, Ávalos también solicitó copias de los audios de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos. “Es la primera vez, señala, que se niega a un fiscal supremo las copias de los audios de una sesión”, dice.