EFICCOP detuvo a exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra implicados en presunta organización criminal

Apurímac 31/01/2024.- El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) llevo a cabo desde la madrugada del martes un operativo de detención preliminar contra 4 exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra y el empresario Hugo Meneses Cornejo; además del allanamiento, registro personal, registro domiciliario, incautación de bienes muebles e inmuebles y otras diligencias contra otros implicados.Los referidos exfuncionarios ocuparon cargos en Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Se trata de Carlos Eduardo Revilla Loayza, exdirector de la entidad durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo; Alcides Villafuerte Vizcarra, exgerente de obras; Juan Enciso Torres, exjefe de mantenimiento y miembro del comité de selección; y Elizabeth Ugarte Manrique, excoordinadora de la dirección ejecutiva.De estos, el EFICCOP ha logrado detener a los tres primeros, y al empresario Meneses Cornejo. No obstante, se encuentra vigente la orden de detención de Elizabeth Ugarte. La Fiscalía les imputa los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.»Los Intocables de la Corrupción»Según la investigación del EFICCOP, los referidos exfuncionarios habrían conformado una presunta organización criminal, liderada por el exmandatario Martín Vizcarra, denominada «Los Intocables de la Corrupción», entre marzo del 2018 y noviembre del 2020, no descartándose «su continuidad de operación».Los investigados, según la Fiscalía, «habrían concertado con sujetos particulares, como serían Luis Pasapera Adrianzén, Marco Pasapera Adrianzén, Zhang Xia (Adela), Hugo Meneses y otros sujetos particulares en proceso de identificación, para hacerse del otorgamiento y de la firma del contrato de contrataciones públicas».En el caso de Carlos Revilla Loayza, este se desempeñó como subgerente de obras de Martín Vizcarra, cuando era presidente regional de Moquegua. Según la investigación, cuando Vizcarra fue vicepresidente de la república, solicitó que Revilla fuera nombrado asesor del gabinete de asesores del MTC. Luego, al asumir la presidencia de la república, habría intercedido para que el investigado asuma como director ejecutivo de Provías Descentralizado.Desde ese cargo, Revilla habría recibido directivas para «promover lobbies ilícitos» en favor de los intereses de la presunta organización criminal. Para ello, habría «formulado vinculaciones» con otros funcionarios como Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte.»Carlos Revilla habría desplegado acciones tendientes a direccionar las contrataciones públicas con el objetivo de lograr captar el 3.5% de los costos directos de cada convocatoria pública, para lo cual delegó las coordinaciones directas en Alcides Villafuerte, dado que este ya conocía a la mayoría de empresarios», indica la disposición judicial.Asimismo, Revilla se habría «mantenido en contacto directo con Martín Vizcarra para los efectos de ponerle en conocimiento todas las actividades que venía realizando y todos los ingresos económicos ilegales que se habría encargado de recaudar Alcides Villafuerte, producto de las acciones colusorias promovidas en el marco del plan criminal».Según la Fiscalía, Revilla era el «principal concentrador de las coimas que recibía producto de los acuerdos colusorios, y el dinero recaudado (…) habría entregado porcentajes (a) Edmer Trujillo (ministro de Transportes), Carlos Estremadoyro (viceministro de Transportes), Hugo Missad Trabucco (asesor de Carlos Revilla), Elizabeth Ugarte Manrique (coordinador de abastecimiento), Juan José Enciso (miembro de comités de selección), entre otros en proceso de identificación».El 25 de noviembre del año pasado, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) nombró como asesor de confianza a Carlos Revilla Loayza.Dicho nombramiento fue suscrito por José Antonio Salardi Rodríguez, director ejecutivo de la entidad adscrita al MEF, quien dispuso designar a Revilla Loayza «en el puesto de confianza de Asesor de la Dirección Ejecutiva de (Proinversión)».Antes de ello, también en la actual administración gubernamental de Dina Boluarte, fue designado como asesor del jefe de Gabinete de Asesores del MTC, el 19 de diciembre del 2022, por la entonces ministra de Transportes, Paola Lazarte. En el gobierno de Pedro Castillo, Revilla tuvo la dirección de Provías Descentralizado durante el proceso de licitación de la obra Puente Tarata, uno de los mayores escándalos de corrupción por el que están siendo investigados ex altos funcionarios como el expresidente Pedro Castillo y quien fuera su ministro de Transportes, Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia.Sin embargo, Revilla renunció al cargo el 13 de octubre de ese año, un día después de que se presentaron las propuestas de licitación pública por dicha obra y nueve días antes de que se firmara el contrato de ejecución con el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una empresa vinculada a la investigada Karelim López.Dicha empresaria indicó al Ministerio Público que el entonces gerente de obras de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, habría ordenado la ampliación de la fecha de presentación de propuestas, inicialmente prevista para el 7 de octubre de ese año, a fin de beneficiar al referido consorcio.Por otro lado, Revilla Loayza era director ejecutivo de la citada entidad adscrita al MTC cuando, el 10 de setiembre del 2021, se otorgó la buena pro para la supervisión de la obra Puente Tarata al Consorcio Supervisor Tarata, por un monto de más de 14 millones de soles. No obstante, el 3 de enero del 2023, Provías Descentralizado anuló dicho contrato de supervisión dado que la Oficina de Control Institucional (OCI) advirtió como «hecho irregular» que el referido consorcio «presentó de manera incompleta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato».En ese sentido, el consorcio no presentó la documentación que permitía validar la experiencia profesional del personal extranjero; y no habría cumplido «con presentar la declaración jurada respecto al consorcio adjudicado sobre si los representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, sanción administrativa o en proceso, como parte de la totalidad de los documentos exigidos por las bases integradas respectivas».Fuente: RPP