(Viernes 29/09/2023).- La Contraloría realizó 405 servicios de control entre los meses de mayo a agosto de este año, para cautelar los recursos públicos en Apurímac. Se identificó a 63 funcionarios y servidores con presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa, como resultado de los servicios de control específico y auditorías de cumplimiento. Durante la jornada informativa, la gerenta regional de control de Apurímac, Indira Yábar Gutiérrez, expuso los resultados del segundo cuatrimestre del 2023. Precisó que de los servicios de control realizados 324 corresponden al control simultáneo y 81 al control posterior. Asimismo, como resultado de los informes de control simultáneo, se identificaron 702 situaciones adversas que fueron comunicadas oportunamente a los titulares de las entidades para las acciones correctivas; sin embargo, el 68% (479) no presentan acciones, el 25% (174) fueron corregidas o se encuentran en proceso y el 7% (47) no fueron corregidas. Informes relevantesEntre los informes más resaltantes figura la auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Aymaraes, mediante el cual se detectó que funcionarios y servidores beneficiaron irregularmente a determinados postores con la buena pro y la suscripción de contratos para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, correspondiente a ocho procedimientos de selección por un valor total de S/ 15 774 127. Se halló presunta responsabilidad penal y/o administrativa en cuatro funcionarios y servidores.En la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, se identificó a cuatro funcionarios y servidores con presunta responsabilidad civil por haber autorizado pagos indebidos por la elaboración de expediente técnico de proyecto de servicio de agua potable y alcantarillado en la comunidad de Ccasa, a pesar de tener observaciones por parte del Ministerio de Vivienda, en relación a aspectos técnicos. Dicho expediente no fue ejecutado por la entidad ante las deficiencias halladas, lo que afectó la ejecución del proyecto y ocasionó un perjuicio económico de S/ 297 425.De igual forma, en la Municipalidad Provincial de Antabamba se evidenció el otorgamiento de la buena pro a cuatro postores que presentaron mayores ofertas económicas para el servicio de mantenimiento periódico y rutinarios de caminos vecinales por el monto total de S/ 11 775 310. No admitieron las ofertas de postores que si cumplieron con la presentación de documentos obligatorios para ser admitidos y con montos menores. Se identificaron a tres servidores con presunta responsabilidad penal y administrativa.En la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, se determinó que funcionarios de la entidad aprobaron el expediente técnico para la construcción de cobertura para el Coliseo Nación Chanka sin los estudios mínimos requeridos, hecho que generó controversias durante su ejecución, la resolución del contrato y la reformulación del expediente técnico sin considerar los criterios técnicos para su ejecución.La situación descrita generó un perjuicio económico de S/ 49 741 y seis servidores con presunta responsabilidad civil y administrativa.Agenda de controlEn los próximos meses que resta del año 2023, la Contraloría General ejecutará servicios de control específico a la Dirección Regional de Educación de Apurímac, Municipalidad Provincial de Chincheros y las municipalidades distritales de Talavera, Tintay y Progreso, entre otras entidades públicas de la región. Dichos resultados serán publicados en el portal de la Contraloría en el Buscador de Informes de Servicios de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información pública.