Pagos por trabajos no ejecutados en obra vial generó perjuicio de S/10 millones
Se ampliaron plazos y aumentos en el presupuesto de manera indebida en el mejoramiento de la carretera Pampacolca – división Tagre, Tipán.
La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/10 035 868 al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por trabajos no ejecutados en la obra de mejoramiento de la carretera Pampacolca – división Tagre, Tipán, distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla.
Este perjuicio económico ocurrió porque no se impusieron sanciones por incumplimiento y se aprobaron de manera indebida extensiones de plazo y aumentos en el presupuesto del proyecto.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 056-2023-2-5334-AC detalló que se realizaron pagos en exceso en las valorizaciones desde la N.°1 a la 1 N.°1, así como en la valorización N.°17. A pesar de los incumplimientos en la oferta técnica por parte de la contratista, no se le aplicó las penalidades que correspondían.
El 9 de julio del 2019 se firmó el contrato para la ejecución de la obra por un monto contractual de S/11 633 986 y un plazo de 270 días calendarios con el financiamiento de la autoridad de la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios (RCC).
Los trabajos iniciaron el 16 de noviembre de 2019 y consistía en movimiento de tierras, colocación de pavimento en la vía, construcción de cunetas, alcantarillas, transporte de material, entre otros.
Sin embargo, la comisión de control identificó diversas deficiencias e incumplimientos normativos de carácter técnico y legal, en especial en superficies a nivel de base y de la inexistencia de la estructura del pavimento.
A la fecha la obra se encuentra paralizada tras la resolución del contrato. A julio del 2023 tenía un avance del 89.11%. El monto actualizado del contrato asciende a S/13 719 890 y tiene un saldo por ejecutar de S/3 126 447.
Durante el período del 16 de noviembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021, se identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa en nueve exfuncionarios y exservidores de la anterior gestión regional (2019-2022), entre los que se encuentra el exgobernador regional.
El informe fue notificado al gobernador regional, Rohel Sánchez para que inicie el deslinde de responsabilidades y recomienda a la Procuraduría Pública Especializada de Delitos de Corrupción adoptar las acciones penales en contra de los presuntos responsables.