La FIDH denuncia que el Congreso encamina el país hacia un Estado autoritario

(Lunes 17/07/2023).- La conclusión del reciente informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) sobre nuestra situación política es que “existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas en el Perú por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos, ahora aliado con el Gobierno de Dina Boluarte”.Esta afirmación se sostiene en una serie de hechos que La República también ha denunciado.El primero, y lo recuerda la FIDH, es la cuestionada elección del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso. Esta organización de derechos humanos detalla que luego de esa decisión, ese mismo TC le devolvió el favor al Parlamento eximiéndolo de control judicial.EL TC CONTRA EL JNEAdemás, recalca que también este tribunal recomendó en un reciente fallo que el Congreso modifique el artículo 99 de la Constitución para incluir a las autoridades electorales como pasibles de juicio político.Esto, cabe precisar, refuerza las iniciativas presentadas por las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Fuerza Popular para cambiar la carta magna y abrir la posibilidad de un juicio político contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.Esto se debe, agrega el informe, a que el TC ha puesto al presidente de esta institución en situación de vulnerabilidad.En ese contexto, la FIDH, para alegar cómo se enrumba el proyecto autoritario liderado por el Congreso, da cuenta que el presidente del JNE ha sido víctima de ataques y hostigamientos desde el 2021 debido a su papel para frenar la conspiración de fraude electoral. El magistrado Salas Arenas, producto de ello, ha solicitado medidas de protección.UN DEFENSOR A LA MEDIDA Asimismo, señala esta federación de derechos humanos, que el TC haya excluido al Congreso de control judicial facilitó que las bancadas aliadas de derecha y un sector de la izquierda impongan al exabogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como defensor del Pueblo.La Defensoría dirige el concurso público de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que nombra y destituye jueces y fiscales, y que, ahora último, la mayoría del Congreso ha puesto en la mira de sus objetivos.SISTEMA JUDICIAL EN RIESGOEl informe final también expresa su preocupación por la inubicable tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la reciente inhabilitación aprobada contra la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos.Como se sabe, el Pleno del Congreso logró el zarpazo contra Ávalos gracias a un juicio político promovido por un sector parlamentario que defiende la gestión de Benavides en el Ministerio Público.El Congreso, por otra parte, concretó una serie de contrarreformas. Esto contribuye a su proyecto autoritario, según la FIDH. Las mismas bancadas que pretenden copar el sistema judicial y electoral impulsaron restricciones a la aplicación de la cuestión de confianza, limitaron a través de una ley el derecho a referéndum y hasta hace poco pretendieron aprobar el retorno a una bicameralidad que iba a permitir a los congresistas postular a ser senadores.Mientras que otros grupos presentaron iniciativas de ley antiaborto y también para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer.A eso se ha sumado la narrativa estigmatizadora del ‘terruqueo’ contra quienes se manifiestan contra este régimen.La FIDH, por otro lado, no solo manifiesta su preocupación por la situación política, sino también por la económica: las exportaciones cayeron entre enero y febrero en 15% en comparación del 2022, la producción cayó 1% en los primeros meses del año y los fenómenos climáticos han producido la destrucción de sembríos.LA FIDH Y ELECCIONESCon base en esta enumeración de problemas y el comportamiento arbitrario del Legislativo, con la complicidad del régimen de Boluarte, la FIDH recomienda al Estado peruano “dar curso a la mayoritaria demanda ciudadana de convocar a elecciones generales en el más corto plazo”. También demanda cesar la estigmatización, garantizar los derechos humanos y la integridad del presidente del JNE e investigar las violaciones de derechos humanos durante este periodo.Fuente: La República