Los correcaminos del Sur: investigados quedan libres y juez da ultimátum a Fiscalía para que concluya caso
“Los correcaminos del Sur”, el sonado caso de corrupción descubierto en la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa, durante la gestión de Yamila Osorio Delgado, tambalea.
Después de 4 años de investigación y de la detención del exgerente de Transportes, José Gamarra, y otros funcionarios por el cobro de cupos a transportistas, el proceso no culmina esta etapa. El Ministerio Público no presenta hasta el momento ningún requerimiento de acusación contra los implicados, entre ellos la exgobernadora Osorio Delgado.
Ante el vencimiento de los plazos procesales, el Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Arequipa apercibió a la fiscal anticorrupción Marita Cueva. El juez José Málaga le ha dado 5 días para que concluya la investigación y presente acusación para llevar a juicio a los implicados.
Los correcaminos del Sur dejan el encierro
Asimismo, el juez ha dispuesto la liberación de cinco investigados tras vencer la prisión preventiva y el arresto domiciliario. En consecuencia, el ex subgerente de Transportes, Critian Motta Contreras, dejará la prisión luego de 4 años de permanecer encarcelado (28 de diciembre de 2018).
Mientras que el exgerente de Transporte, José Gamarra Vásquez; el ex subegerente de Transporte Interprovincial, Juan Guillermo García Velásquez; el exjefe de inspectores, Abraham Salomón Mendoza Aco; y el investigado Gabriel Froilán Almonte Concha, dejarán el arresto domiciliario por la comparecencia con restricciones. Ellos venían cumpliendo con la detención desde el 23 de diciembre del año pasado, a raíz de la pandemia del a covid-19 y la aprobación del pedido de 12 meses adicionales que solicitó la fiscalía.
Sin embargo, para que pueda cumplirse esta medida los cinco investigados tendrán que depositar previamente una caución de 15 mil soles al juzgado. De igual manera, cumplir con reglas conducta. Entre ellas: no ausentarse de la localidad donde residen, ni variar de domicilio sin autorización judicial. También tienen la prohibición de contactarse con las partes y testigos del proceso. Además de comparecer el primer día hábil de cada mes al juzgado para informar sobre la realización de sus actividades.
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